Memoria 2018
Información ambiental
   

Información ambiental

Partiendo de la premisa de que una mayor implicación y sensibilización pública con relación a los problemas ambientales conduce a una mejor protección del medio ambiente, el Principio 10 de la Declaración de Río (1992) establecía tres principios básicos:

  • Existen fuertes vínculos entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el los derechos fundamentales de los seres humanos.
  • La acción de las Administraciones Públicas en la toma de decisiones con repercusiones en materia de medio ambiente debe ser transparente.
  • Los ciudadanos tienen un importante papel en la protección del medio ambiente.

Con el objetivo de acercar las Administraciones a los ciudadanos y de que éstos se impliquen en la toma de decisiones y en el cumplimiento de sus normas e iniciativas, se hace necesario un esfuerzo y un cambio profundo que dote de mayor credibilidad y mejor funcionamiento a las instituciones y que facilite por parte del público un mejor conocimiento de los problemas ambientales.

Por todo ello, es preciso que toda persona tenga un acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, que difundirán la información ambiental en los contextos y forma en que ésta sea accesible y comprensible. Este es el punto de partida para asegurar una adecuada participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en materia de medio ambiente.

la Ley 27/2006 fija su atención en aspectos como quién posee la información, dónde está disponible y en qué formatos, o el modo de conseguirla. Así mismo, la ciudadanía debe conocer los derechos que le asiste y la forma de ejercerlos.

En cuanto a la difusión, se debe procurar que la información difundida se encuentre con facilidad sea de calidad, esté actualizada, sea comprensible y funcional. Especial énfasis se presta a su difusión en bases de datos electrónicas de fácil acceso por Internet a través de páginas web claramente visibles. En relación con la custodia de la información, la Ley prevé la elaboración de listas de autoridades públicas, de especial trascendencia en lo que se refiere al sector privado que ejerce funciones públicas.

 

¿Qué es información ambiental?

La información ambiental incluye todo tipo de datos sobre el estado del medio ambiente, las actividades que le afectan y las medidas que se adoptan para protegerlo.

También es información ambiental la información sobre el coste económico de proteger el medio ambiente, así como de los beneficios que obtenemos de él. Así mismo incluye los efectos que las modificaciones sobre el medio ambiente tienen en la salud y la seguridad de las personas.

Concretamente, la Ley se refiere a:

  1. El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos.
  2. Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a).
  3. Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos.
  4. Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental.
  5. Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c), y
  6. El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b y c.

 

¿Qué derechos se establecen?

  •  Cualquier persona puede solicitar información ambiental que esté en poder de las administraciones y entidades públicas y de aquellas entidades privadas que ejercen funciones o prestan servicios públicos. Para ello no es requisito tener la ciudadanía nacional ni ser residente.
  •  No es necesario que el solicitante manifieste el motivo o el interés por el que hace la petición de información.
  •  Se podrá obtener la información en la forma o formato que elija de entre los posibles.
  •  En cada solicitud, se prestará la ayuda en la búsqueda de información, se proporcionará la información solicitada en los plazos establecidos y, en caso de denegación, se darán a conocer los motivos por los cuales no se facilita la información.
  •  Las administraciones públicas responderán en el plazo de un mes, salvo que la solicitud sea especialmente voluminosa o compleja, en cuyo caso el plazo es de dos meses.
  •  Las autoridades públicas deben difundir un mínimo de información ambiental y ponerla a disposición del público de la manera más amplia y sistemática posible. Procurarán que la información sea correcta, esté actualizada, y pueda ser accesible a través de Internet.
  •  Las autoridades públicas elaborarán un Informe sobre el estado del medio ambiente que, como mínimo, será un informe de coyuntura cada año y un informe completo cada cuatro años. Estos informes serán obligatoriamente de ámbito nacional y autonómico y podrán ser también de ámbito local. Deben incluir datos sobre la calidad del medio ambiente y las presiones a las que está sometido. Se debe elaborar también un sumario no técnico que sea comprensible para el público.

 

La participación pública

La Ley 27/2006 no regula un procedimiento concreto de participación, sino que se limita a establecer el deber general de promover la participación temprana, efectiva y real del público en los asuntos de carácter medioambiental relacionados con la elaboración, revisión o modificación de determinados planes, programas y disposiciones de carácter general.

  • Participación temprana. La participación pública debe realizarse cuando todas las opciones estén aún abiertas, es decir, en las fases iniciales del procedimiento de elaboración y aprobación de la decisión.
  • Ser efectiva y real requiere establecer caso por caso las modalidades de participación. Así, las obligaciones de difusión vinculadas a un procedimiento de participación deben cumplirse de forma que la información incluya aquella relativa al propio procedimiento de participación, que los destinatarios la entiendan y que la reciban con tiempo suficiente para poder participar. Para este cumplimiento real y efectivo se requiere la colaboración de diferentes agentes: aquellos que tienen la información, los que manejan la plataforma, los que la hacen entendible, los que llevan los procedimientos.

 

Serán las Administraciones públicas las que, al establecer y tramitar los correspondientes procedimientos, velarán por el cumplimiento de las siguientes garantías:

 

  • La información relevante sobre el plan, programa o disposición normativa se hará públicamente accesible.
  • Se informará sobre el propio proceso de participación, la forma en la que lo pueden hacer y la decisión a tomar.
  • Corresponderá a cada Administración determinar qué miembros del público tienen la condición de persona interesada y pueden, por consiguiente, participar en tales procedimientos.
  • El público interesado deberá conocer sus derechos y saber cómo y cuando disponer de la información y hacer sus aportaciones.
  • Se reconocerá el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en las que estén aún abiertas todas las opciones de la decisión que haya de adoptarse.
  • Los resultados de la participación pública deberán ser tenidos en cuenta en el momento de adoptar las decisiones.
  • Se justificará la decisión finalmente adoptada y la forma en la que se ha desarrollado el trámite de participación.

 

¿En qué asuntos se puede participar?

 

  •   Estas garantías por las que velan las Administraciones Públicas y mencionadas en el epígrafe anterior, se aplicarán en la elaboración, modificación y revisión de los planes y programas que versen sobre las materias siguientes:
    • Residuos.
    • Pilas y acumuladores.
    • Nitratos.
    • Envases y residuos de envases.
    • Calidad del aire.
    • Aquellas otras materias que establezca la normativa autonómica.
  •   Igualmente, se aplicarán en la elaboración, modificación y revisión de las disposiciones de carácter general que versen sobre las materias siguientes:
    • Protección de las aguas.
    • Protección contra el ruido.
    • Protección de los suelos.
    • Contaminación atmosférica.
    • Ordenación del territorio rural y urbano y utilización de los suelos.
    • Conservación de la naturaleza, diversidad biológica.
    • Montes y aprovechamientos forestales.
    • Gestión de los residuos.
    • Productos químicos, incluidos los biocidas y los plaguicidas.
    • Biotecnología.
    • Otras emisiones, vertidos y liberación de sustancias en el medio ambiente.
    • Evaluación de impacto medioambiental.
    • Acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
    • Aquellas otras materias que establezca la normativa autonómica.
  •   En algunos asuntos, como la concesión de autorizaciones ambientales integradas, la evaluación del impacto ambiental de ciertos proyectos, la evaluación ambiental estratégica de determinados planes y programas o la elaboración y aprobación de los planes y programas previstos en la legislación de aguas, el procedimiento de participación quedará establecido en la legislación sectorial.
  •   Quedan excluidos en todo caso los planes y programas que tengan como único objetivo la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia.

 

El acceso a la justicia

Aunque la Ley Aarhus no establece procedimientos específicos cuando se produce una infracción imputable a una autoridad pública, por acción u omisión, de la normativa ambiental aplicable, se regula la conocida como acción popular en asuntos medioambientales, por la que se otorga la necesaria legitimación para recurrir actos u omisiones administrativas a determinadas personas jurídicas que deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • No tener ánimo de lucro.
  • Tener entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o de alguno de sus elementos en particular.
  • Haberse constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la acción.
  • Que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
  • Que según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por la actuación u omisión administrativa.

Se exceptúan de esta regulación los actos y omisiones que sean imputables a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan asumido responsabilidades públicas, ejerzan funciones o presten servicios de carácter público relacionados con el medio ambiente.

Estas personas jurídicas podrán recurrir dichas actuaciones u omisiones administrativas siguiendo los procedimientos regulados en el Título VII de la Ley 30/1992, y del contencioso-administrativo, agotada la vía administrativa, regulado en la Ley 29/1998.

Las personas jurídicas que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente tendrán derecho a la asistencia jurídica en los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

El convenio Aarhus
   

El convenio Aarhus

El Convenio de Aarhus es la forma común con la que se denomina a la Convención internacional sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE). Esta Convención fue el resultado de los trabajos iniciados en 1990 en el seno de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), que reunieron a representantes de más de cuarenta países y en los que tuvieron un papel esencial las organizaciones ciudadanas de carácter medioambiental.

 

El Convenio fue firmado el 25 de junio de 1998 durante la Cuarta Conferencia Ministerial sobre el Medio Ambiente en Europa, celebrada en Aarhus (Dinamarca), de donde toma su nombre. Entró en vigor el 30 de octubre de 2001 y España lo ratificó el 29 de diciembre de 2004, entrando en vigor el 29 de marzo de 2005. Fue publicado en el BOE con fecha de 16 de febrero de 2005, y desde ese momento es fuente directa de nuestro ordenamiento jurídico.

 

El Convenio de Aarhus parte de la constatación de que, en la esfera del medio ambiente, un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones:

  • Permiten tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente;
  • Contribuyen a sensibilizar al público respecto de los problemas medioambientales y le dan la posibilidad de expresar sus preocupaciones;
  • Ayudan a las autoridades públicas a tener en cuenta dichas preocupaciones.

 

El Convenio garantiza los derechos del público e impone obligaciones a las autoridades públicas sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Para ello se articula en torno a tres "pilares" fundamentales por los que se establecen las reglas que han de regir la relación entre el público y las autoridades públicas:

 

  • el derecho de acceso a la información medioambiental, entendida como la facultad de toda persona o grupo de personas de tener conocimiento de la situación del medio en que se desenvuelve a través de los datos e informes de las Administraciones públicas.
  • el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones gubernamentales en materias que afecten al medio ambiente y
  • el derecho de acceso a la justicia.

 

El Convenio tiene un mecanismo de revisión de su cumplimiento, único en la legislación medioambiental internacional, que permite al público comunicar de forma directa aspectos sobre su cumplimiento a un comité de expertos legales internacionales encargado de examinar los casos.

 

Como parte de esta revisión, el Convenio Aarhus impone a las Partes firmantes del mismo la obligación de elaborar el denominado Informe Nacional de Cumplimiento, en el que se recogen tanto a las medidas adoptadas por todas las Administraciones públicas para la aplicación de las exigencias derivadas del Convenio como a los resultados de la ejecución de dichas medidas.

 

Todos los gobiernos europeos tienen la obligación de desarrollar los principios contenidos en el Convenio de Aarhus en virtud de una serie de medidas impulsadas por la Unión Europea para la incorporación y aplicación del Convenio. Entre ellas cabe citar:

 

  •    La Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental, por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE, y que debía ser incorporada a nuestro derecho interno antes del 14 de febrero de 2005.
  •    La Directiva 2003/35/CE, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE. Debía haber sido transpuesta antes del 25 de junio de 2005.
  •    Reglamento (CE) 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre de 2006 relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Entró en vigor en junio de 2007.

 

Asimismo, la Comisión europea ha propuesto una directiva sobre el acceso a la justicia, pero la propuesta ha quedado bloqueada en el Consejo de Medio Ambiente. En unión de las dos Directivas anteriores forma un grupo denominado "Directivas Aarhus". Estas dos directivas son aplicables en los 27 Estados miembros y su incorporación al ordenamiento jurídico interno debía haberse producido en 2005.

Anexos:

ley 27/2006
   

Ley 27/2006

La transposición al derecho nacional de los contenidos del Convenio de Aarhus se opera a través de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Esta Ley entró en vigor el 20 de julio de 2006, aunque las disposiciones del Título IV relativas al acceso a la justicia y a la tutela administrativa en asuntos medioambientales, así como la disposición adicional primera, no entraron en vigor hasta el 19 de octubre de 2006.

De acuerdo a su preámbulo, el objeto de esta ley es "definir un marco jurídico que a la vez responda a los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio y lleve a cabo la transposición de dichas Directivas al ordenamiento interno". Tiene carácter de legislación básica, aunque algunas de sus disposiciones sólo son de aplicación a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos.

Esta norma deroga expresamente la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, y modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, así como la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Anexos:

Guía para las autoridades públicas
   

El acceso a la información ambiental en el Convenio Aarhus : Guía para las autoridades públicas

Para un mayor conocimiento de la información ambiental y el Convenio Aarhus, acceder a la colección de manuales de la Consejería de Medio Ambiente, concretamente, al Manual Nº 1: El acceso a la información ambiental en el Convenio Aarhus : Guía para las autoridades públicas.

Anexos:

Memorias